El proyecto Prodesis –principal programa de cooperación entre México y la Unión Europea– es un fracaso. No obstante que dispuso de un fondo de 31 millones de euros, no cumplió sus objetivos: no redujo la pobreza ni protegió el medio ambiente. Tampoco impulsó el desarrollo sustentable en la región en que fue implantado: la selva de Chiapas, en donde están asentadas varias comunidades zapatistas. Tal es la conclusión de un informe de expertos contratados por la Comisión Europea.

BRUSELAS.- El principal programa de cooperación entre México y la Unión Europea (UE), el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (Prodesis), no cumplió con los “objetivos generales” trazados cuando inició sus actividades en 2004.

Así, “no ha logrado disminuir la pobreza” ni aminorar de manera apreciable “la presión sobre los recursos naturales” (la deforestación permanece en 1% anual). Y las iniciativas económicas del proyecto para fomentar el “desarrollo social” de la región “no han arrojado resultados productivos concretos”.

Tales son las conclusiones del informe de la Misión de Evaluación de Medio Término del Proyecto Prodesis, integrada por un equipo de consultores europeos independientes contratado por la propia Comisión Europea.

El documento, de 51 páginas –cuya copia obtuvo Proceso–, advierte además que existe “poco margen de maniobra para proponer cambios de fondo” al proyecto, puesto que su ejecución finalizará en abril próximo. Debido a ello, señala, “muchos procesos quedarán inconclusos”. Además, como las autoridades ya otorgaron a consultorías privadas todos los contratos para gestionar la totalidad de las actividades programadas dentro del proyecto, no pueden corregirse los métodos de trabajo.

La evaluación –que elaboraron los expertos Piero di Giacinto, Jan Karremans y Thomas Pijnenburg para las consultorías privadas IBF International Consulting, con sede en Bruselas, y BA Consultors, localizada en Barcelona– reconoce que el Prodesis “se sitúa en un ambiente complicado”, en referencia a las comunidades zapatistas ubicadas en la zona, las cuales decidieron no participar con esa iniciativa de cooperación intergubernamental.

Sin embargo, el informe niega que los magros resultados del proyecto se deriven de la presencia del movimiento zapatista, ya que éste “ha perdido fuerza” y “buena parte de la población ya no opta por apoyarlo”, por lo que “la situación de seguridad ha mejorado”. Sin embargo, la Misión de Evaluación se quejó en su informe de que las autoridades chiapanecas le negaron el acceso a la “red de información interna del proyecto”.

Tal evaluación coincide con las críticas formuladas por organismos no gubernamentales de México y Europa, en el sentido de que el proyecto lo pusieron en marcha los gobiernos de la UE y del estado de Chiapas, sin consultar a la población a la que iba dirigida.

El 9 de febrero pasado, el personal a cargo del Prodesis convocó a un taller de liderazgo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde representantes de comunidades beneficiadas exigieron la suspensión del proyecto. Provenientes de las tres regiones en las que se estableció el Prodesis (Palenque, Ocosingo y Comitán), denunciaron que sus comunidades no fueron informadas sobre el “origen, contenido, financiamiento y objetivos generales y específicos de ese proyecto”.

Con ello, la UE y las autoridades estatales violaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo al derecho de las poblaciones indígenas a participar en la toma de decisiones de proyectos que las afecten. Así lo sostuvo en un comunicado el 8 de julio de 2004 la Iniciativa de Copenhague para México y América Central (CIFCA), un grupo de cabildeo con oficinas en esta capital europea. En el mismo sentido se pronunció el eurodiputado alemán Tobias Pflüger, del Grupo de Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo, en una carta que envió a la Comisión Europea el 13 de julio de 2005.

Inviabilidad

Las autoridades de la UE estimaban que el Prodesis beneficiaría, entre 2004 y 2008, a 155 mil habitantes establecidos en 830 comunidades, divididas en 16 microrregiones “de la región Selva de Chiapas”. Esta abarca siete municipios: Ocosingo, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas, La Trinitaria y La Independencia.

El proyecto dispuso de un fondo de 31 millones de euros. 16 millones los aportó el gobierno de Chiapas y el resto la UE. Ese monto equivale a casi la tercera parte de la cooperación total que acordaron la UE y México para el período 2007-2013: 110 millones de euros.

El proyecto planteó los siguientes “objetivos generales”: “reducir la pobreza”, “disminuir la presión sobre los recursos naturales de la Selva Lacandona y mitigar los procesos de degradación medioambiental en la zona”, y “reformular las políticas de desarrollo social” para hacerlas “participativas y sustentables”.

Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), fechado el 7 de diciembre de 2005, observa que el Prodesis se implantó en la parte oriental de la Selva Lacandona, donde hay menor población y mayores recursos naturales. Señala que esto refleja “una contradicción con el intento de reducir la pobreza”, la cual “es más fuerte en la parte occidental y en los Altos de Chiapas, pero donde los recursos naturales son menores”.

El citado informe realizado por los expertos europeos de la Misión de Evaluación asevera que, “a pesar de ser pertinente en sus objetivos”, el proyecto “no es viable”. Explica que el Plan Operativo Global, que calendariza las actividades del proyecto, marcaba que 2005 y 2006 debían ser años “de plena ejecución”. “En realidad –añade– no se logró siquiera iniciar la mayor parte de las actividades planeadas”, por lo que los cuatro años de duración del Prodesis “se reducen aproximadamente a dos de intervención efectiva”.

Agrega que ese lapso “no es suficiente para promover procesos que implican cambios de enfoque a nivel institucional, municipal y a nivel de las microrregiones, los cuales tomarían normalmente entre cinco y 10 años”.

El documento remarca que la Comisión Europea y el gobierno de Vicente Fox manejaron con “ineficiencia” la logística del proyecto. Por ejemplo, los consultores señalan que les llamó “particularmente la atención el tiempo sorprendente” de seis meses que ambas instancias tomaron para “definir el fideicomiso que maneja los fondos” del proyecto, a causa de una “incompatibilidad” de reglamentos entre la UE y México.

Este diferendo –que tuvo lugar entre abril y septiembre de 2004– “fue muy costoso en términos de tiempo, y redujo la eficiencia del proyecto en su totalidad”, señala el informe de la UE.

El citado documento de CIEPAC detalla que los europeos querían realizar sus aportaciones en euros, pero la ley mexicana prevé depósitos bancarios únicamente en pesos o dólares. Tampoco la legislación mexicana permite exentar de impuestos los fondos europeos, como lo garantizó el acuerdo que el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, firmó el 27 de enero de 2004 con la Comisión Europea.

La consecuencia: a comienzos de 2006, la UE había transferido a Chiapas –a través de una cuenta del banco BBVA-Bancomer– apenas 3 millones 600 mil euros de un total de 15 millones de euros acordados. La mayor parte del dinero permaneció en un banco en España.

La situación no está aún resuelta: durante una reunión del Comité Conjunto México-UE –el órgano donde se toman las decisiones técnicas del acuerdo global entre ambas partes–, realizada el pasado 27 de noviembre en Bruselas, la Comisión Europea solicitó al gobierno mexicano modificar dichas exigencias fiscales. Tal solicitud fue retirada del comunicado conjunto final luego de que la embajadora mexicana ante la UE, Sandra Fuentes Berain, aseguró que el gobierno de Felipe Calderón se comprometía a encontrar una pronta solución. En la reunión participó el director del Prodesis, Rodolfo Díaz Sarvide.

Dispendio

La Misión de Evaluación de Medio Término analizó 13 proyectos productivos distintos. Su informe dice que “las obras físicas y de equipamiento” han avanzado. Pero, agrega, éstas “todavía no están en condiciones de operar”, pues “a cada una le faltaba algo para funcionar”. Así, señala, “los resultados previstos no se han alcanzado hasta la fecha”.

Esto ocurre en proyectos de producción de hongos, conservas y encurtidos; medicina natural; artesanía de tela y pita; infraestructuras turísticas; plantas embotelladoras de agua; plantas de producción de tortillas con yuca; galeras para canje de sementales, entre otros.

Un ejemplo: el proyecto de instalación de un sistema de riego para hortalizas que cubriría un área de 150 hectáreas en la selva chiapaneca. La bomba y el sistema primario de distribución del agua están disponibles para cubrir la mitad de esa superficie, pero todavía no funcionan debido a que el pozo que se construyó no contiene suficiente agua.

Los pobladores de esa zona tampoco adquirieron la preparación técnica “administrativa y empresarial” para manejar un “sistema de alta tecnología en un área tan vasta”.

Otro ejemplo: la construcción de viveros forestales que debían evitar la sobreexplotación de la madera y de las plantas medicinales en la zona de los Montes Azules. El proyecto ofreció talleres de capacitación en la materia. Pero de ahí no pasó: No hubo asesoría técnica posterior sobre el terreno.

En cada una de las 16 microrregiones del programa existe un “técnico” de base. Pero en cada microrregión hay de 20 a 25 comunidades. El desplazamiento de esos técnicos, constata el informe, “depende de la disponibilidad y horarios de autobuses”, y en algunos casos “necesitan más de dos horas para llegar a una comunidad”. Además, algunos de estos técnicos no tienen la formación requerida y las instituciones públicas mexicanas no les brindan apoyo.

El reporte atribuye gran parte del fracaso del Prodesis a la contratación masiva de consultorías privadas que ejecutaron “la mayor parte del proyecto”. La finalidad de estas consultorías es meramente financiera y “no tienen responsabilidad en los objetivos del proyecto”, como en el del combate a la pobreza. En muchas ocasiones no tienen contacto con las poblaciones indígenas. El colmo: los Planes de Desarrollo Sustentable (que incluyen la organización de talleres con estas comunidades) “fueron enviados desde Bilbao”, España.

La contratación de este tipo de empresas fue excesiva, remarca el informe, a tal punto que la Comisión Europea pagaba a una para que contratara a otras, provocando una “consultoría en cadena”.

El informe recuerda que al principio, la delegación de la Comisión Europea en México licitó contratos por montos menores. Como los trámites para que Bruselas los aprobara tardaban mucho, adoptó entonces otra estrategia: contrató “grandes lotes de actividades por sumas importantes, varios por más de un millón de dólares”.

Ello causó “la división del Prodesis en varios subproyectos” bajo control de grandes consultorías, “cada uno con su personal, gastos de operación, automóviles, oficinas”, lo cual provocó a su vez un derroche de recursos. El resultado: “desorden y falta de coherencia y coordinación entre el gran número de consultorías que simultáneamente ejecutan sus propios contratos”.

Uno de esos contratos públicos fue el que se adjudicó la empresa española EPTISA Proyectos Internacionales S.A., para hacerse cargo de Asistencia Técnica Internacional, un importante organismo que asesora al Comité Técnico de la Dirección General del Prodesis.

El citado análisis de CIEPAC indica que EPTISA centra sus intereses en los sectores de la ingeniería, la arquitectura y los servicios. Desde 1997 desarrolla operaciones en el extranjero.

En vista de que la experiencia de la compañía era “inadecuada en las actividades de conservación medioambiental y de operaciones en áreas con fuerte presencia indígena”, en junio de 2005 la Comisión Europea contrató un especialista que la asesorara en la materia, tomando en cuenta “las particularidades de Prodesis y sus beneficiarios”. Su contrato duró sólo 30 días.