Después de cuatro años, el capítulo México de la organización estadunidense National Security Archive logró que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidiera a la Procuraduría General de la República desclasificar los documentos sobre la matanza de 72 migrantes centroamericanos ocurrida en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Los documentos desclasificados revelan, entre otras cosas, un modus operandi similar al del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, contra los normalistas de Ayotzinapa. En uno y otro caso los policías actuaron en colusión con grupos delincuenciales.
El primer documento oficial sobre las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, que la Procuraduría General de la República (PGR) fue forzada a desclasificar, pone de manifiesto la historia repetida en Iguala: policías municipales al servicio de grupos del narcotráfico, en este caso Los Zetas, participaron en las desapariciones de personas cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas.
La nota informativa desclasificada, cuya copia obtuvo Proceso, contiene las declaraciones de nueve presuntos integrantes de ese grupo –los primeros en ser capturados– ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, El Junior, expuso:
Sé que los policías y tránsitos (sic) de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente (sic) se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar.
Y aunque la PGR reservó la información por 12 años, la organización estadunidense National Security Archive (NSA, Archivo Nacional de Seguridad, basada en la Universidad George Washington), que ha dado seguimiento sistemático a violaciones de derechos humanos en México, se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Tras evaluar el caso, el instituto ordenó a la procuraduría hacer públicos los documentos.
El miércoles 10 la dependencia entregó una tarjeta informativa elaborada en la entonces SIEDO (hoy llamada SEIDO) que carece de fecha. Contiene un resumen de las primeras declaraciones de los detenidos. Algunos fragmentos están tachados, sobre todo los números de averiguaciones previas y las identificaciones de las agencias de los ministerios públicos en las que recayó la investigación de las fosas con 196 cadáveres cuyos hallazgos derivaron en las detenciones.
En uno de los extractos, siete de los detenidos admiten la participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando que iba “desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa organización criminal”.
Para Jesse Franzblau, investigador del capítulo México del NSA, la liberación de un documento del expediente PGR en San Fernando “sienta un precedente interesante con respecto a la desclasificación de información sobre derechos humanos en México, en particular la aplicación de esa pieza de la ley”.
Al revisarlo, su colega Michael Evans manifestó su paralelismo con el caso de Ayotzinapa: “Si todo esto suena inquietantemente familiar –dice– es porque lo hemos visto todo antes. Asesinatos como éstos son preocupantemente comunes en México, y las fuerzas detrás del caos –generalmente cárteles de la droga contando con la colaboración de, como mínimo, la policía local– han sido notablemente consistentes en el tiempo”.
Imposturas
Michael Evans manifestó su inquietud porque, al referirse al caso de Ayotzinapa, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, alude siempre la palabra “transparencia”, la cual nunca ha sido real en casos similares de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en la última década en México, como las masacres de migrantes –incluidas la de los 72, ocurrida en San Fernando en agosto de 2010, las fosas con 196 cadáveres en ese mismo municipio localizadas en 2011 y la de otros 49 en Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
“Citando preocupaciones sobre la seguridad de la investigación en curso, la PGR siempre se ha negado a dar cualquier información a partir de tres masacres horripilantes en 2010, 2011 y 2012, alegando la protección en virtud de una exención de la Ley de Transparencia de México, y ha luchado todo el camino hasta llegar a la Corte Suprema para proteger esos archivos”, expresó Evans.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho –representante de algunas de las víctimas– y la organización de defensa a la libre expresión Artículo 19 interpusieron demandas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la negativa de la PGR de hacer públicas las averiguaciones previas sobre las matanzas de San Fernando.
La tarjeta informativa incluye los nombres de los policías municipales detenidos: Óscar Jaramillo Sosa, Álvaro Alba Terrazas, Lázaro Flores Peña, Martín García Badillo, Eleodoro Sánchez Robles, Rogelio de la Portilla Heredia, María Guadalupe Galván Hernández, Remigio Carrillo Mireles, Guadalupe Hernández Ibarra, Manuel Ávila Lugo, Elpidio Reyes Sáenz, José Luis Aguilar Vélez, Julio Guadalupe Jaramillo Vela, Mario Alberto Romero Hernández, Santos Maldonado Reyes, Gilberto Rivera Hernández, Jesús Ramos López y Joel Reséndiz Moreno. Ninguno aceptó su culpabilidad.
A Franzblau y Evans les llama la atención un par de inconsistencias: que si bien Alba Terrazas y Jaramillo Sosa aparecen en el documento como policías municipales, en las notas de prensa se les presenta como zetas; y que aun cuando los medios mencionaron a 16 detenidos, el reporte establece que fueron 17.
“Esta versión también deja muchas preguntas sin respuesta: ¿Qué pasó con los funcionarios de la policía?, ¿dónde están ahora?, ¿por qué la PGR no encontró todos los documentos más sensibles? y ¿cómo se explica el hecho de que dos de los 17 detenidos posteriormente figuran en los informes de los medios de comunicación como miembros de Los Zetas?”, indicó Evans.
Los hechos
La NSA es una institución independiente no gubernamental de investigación ubicada en Washington, DC, que recopila y publica documentos desclasificados obtenidos a través de leyes de transparencia de Estados Unidos y México; centra su atención en asuntos migratorios y violaciones a los derechos humanos.
En noviembre este semanario publicó, con base en informes obtenidos por la NSA, documentos que revelan la colusión de funcionarios municipales, estatales y federales mexicanos con los criminales (la sospecha incluye a los exgobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores); la presencia de kaibiles en la zona, y la petición de ayuda a Washington por parte de la cancillería mexicana para salvar la popularidad de Felipe Calderón, desplomada por aplicar una estrategia de combate contra las drogas (cofinanciada por Estados Unidos) que los mexicanos y los propios funcionarios estadunidenses consideraban como generadora de violencia (Proceso 1931).
Evans, quien dirige el capítulo México del NSA, considera que el material desclasificado en ambos países pone de manifiesto que las policías municipales de Tamaulipas y Nuevo León estaban bajo las órdenes de Los Zetas. Fue tan difundido el fenómeno, que la gente los llamaba “Los Polizetas”.
“Los documentos (gubernamentales) desclasificados y los de Wikileaks de Estados Unidos, incluyendo los cables del gobierno americano y de su consulado en Monterrey, proporcionan una mirada intrigante de cómo Los Zetas establecieron el control sobre la policía de Nuevo León y sobre muchos otros funcionarios, y cómo esos policías corruptos eran a menudo los objetivos de los cárteles rivales”, según el experto.
Los documentos obtenidos por Evans y Franzblau que comparten con Proceso, dejan en evidencia que en 2005 el FBI dijo que Los Zetas eran una “amenaza emergente para Estados Unidos”. En junio de ese año, según el reporte del buró federal de investigación, ese grupo criminal controlaba efectivamente la fuerza policial de Reynosa.
Con base en los cables emitidos por el consulado estadunidense en Monterrey –“un asiento de primera fila para ver la forma en que Los Zetas establecieron su control”–, en 2010 Nuevo Laredo, pero sobre todo la capital regiomontana, eran denominados “territorios zeta”, según un cable publicado por Wikileaks.
La ciudad nuevoleonesa era un “refugio seguro, fuente de ingresos (principalmente de la extorsión) y centro de abastecimiento para ese grupo criminal. La información conecta a sus integrantes con las corporaciones municipales, estatales y con funcionarios, incluido Héctor Santos Sauceda, entonces director general de Investigación de Nuevo León, quien actualmente es funcionario en Coahuila.
En marzo de 2010, el consulado destacó que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, suspendió a 81 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por sus presuntos vínculos con Los Zetas TCO (Transnational Criminal Organization, Organización Criminal Trasnacional), quienes además tenían cooptados a otros funcionarios y controlaban la carretera que rodeaba la capital del estado.
En otro documento, la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos criticó a las autoridades mexicanas porque no controlaban a las organizaciones de narcotraficantes que “han funcionado bastante abiertamente y con libertad de movimientos y operaciones… En muchos casos –decía– operan con impunidad casi total en la cara de las fuerzas de seguridad locales”.
Otro de los cables manifiesta que al consulado le preocupaban los altos niveles de corrupción oficial en Monterrey, donde 165 de los aproximadamente mil policías estatales han sido despedidos en los últimos meses por presuntos vínculos con el narco.
El consulado citó varios casos en los que la policía de Monterrey y otros municipios participaron en secuestros y asesinatos.
Los investigadores de la NSA también anexaron a la información desclasificada sobre San Fernando cables de mayo de 2011 en los que el consulado menciona que el Ejército mexicano incautó armas a policías en 43 municipios de Tamaulipas.
En uno se lee que aunque hasta ese momento el gobierno mexicano no había hecho comentarios sobre ese asunto. Los informes iniciales esa acción se efectuó para determinar si las armas se habían utilizado en los crímenes de indocumentados y si tenían relación con los 196 cuerpos descubiertos en fosas comunes de San Fernando.
Otro, fechado el 16 de mayo y emitido por la Sección de Asuntos Narcóticos, menciona el descubrimiento de los hasta entonces 183 cuerpos en fosas comunes en San Fernando y la detención de 17 de los 25 policías municipales, entre ellos su jefe, en relación con esos hechos.
Una más, el del 13 de junio de ese mismo año, emitido por la misma sección, alude al despido de siete altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración “en medio de acusaciones de que algunos agentes habían participado en el secuestro de migrantes”, quienes fueron acusados por centroamericanos de bajarlos de autobuses y entregarlos a las bandas de narcotraficantes en Tamaulipas.
