Extrema preocupación en el Pentágono por fracaso de política antinarco en México

Extrema preocupación en el Pentágono por fracaso de política antinarco en México

J. JESÚS ESQUIVEL

WASHINGTON, 27 de enero (apro).- El máximo comando militar del Pentágono reiteró su “creciente preocupación” por el riesgo de fracaso del Estado mexicano, ante la falta de éxito del gobierno de Felipe Calderón, para contener al narcotráfico, la narcoviolencia y, en general, al crimen organizado que intimida, secuestra y asesina en todos los sectores de la población mexicana. “Estoy extremadamente preocupado”, dijo en conferencia de prensa el almirante Mike Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Mullen, quien fue cuestionado directamente si compartía la visión de que el mexicano es un Estado fallido, porque el crimen organizado y el narcotráfico han impuesto en los últimos años un ambiente de inseguridad en casi toda la Republicana Mexicana, se limitó a señalar los acontecimientos registrados durante los primeros dos años del gobierno de Calderón, para sustentar dicho argumento elaborado por altos mandos del Pentágono. “El número de asesinatos y secuestros que han ocurrido (en México) en los últimos dos años, y el rápido incremento que ha tenido (esta situación), tiene toda nuestra atención”, afirmó el almirante Mulllen durante el encuentro con los representantes de la prensa extranjera acreditada en Washington.

De acuerdo con un reporte reciente sobre amenazas extranjeras a la seguridad nacional estadunidense, elaborado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del general James Mattis, el de México, como el de Pakistán, son “Estados fallidos”. “Creo que el general Mattis en el Comando Conjunto, está realmente hablando de este mensaje”, indicó Mullen, quien también añadió que en el Pentágono están conscientes de que el problema de la narcoviolencia, el narcotráfico y el crimen organizado son problemas que representan una amenaza de contagio para los estados de la frontera sur de Estados Unidos que colindan con el norte de México.

Ante la posibilidad de contagio y de que los cárteles del narcotráfico de México generen inseguridad dentro de Estados Unidos, Mullen añadió que tanto el gobierno de Calderón, como el de Barack Obama, deben y tienen la necesidad de trabajar juntos para eliminar a la amenaza común que representa la problemática de la producción, trasiego y consumo de narcóticos. “Mi preocupación es creciente por lo que ha ocurrido (en México) en los últimos dos años, y sé que el general (Victor) Renuart (jefe del Comando de América del Norte para la Defensa del Espacio Aéreo y Comandante del Comando Norte), quien está involucrado (en operaciones militares) con México, comparte esta preocupación (del riesgo del Estado fallido) y queremos hacer todo lo que podamos para asistir y respaldar a nuestro vecino”, agregó el jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono.…

March 20, 2020

Guerra sucia contra indígenas

Guerra sucia contra indígenas

GLORIA LETICIA DÍAZ

La historia reciente de Guerrero está cargada de violencia contra sus comunidades indígenas a manos de los sucesivos gobiernos locales y, señaladamente, del Ejército. El arribo del perredista Zeferino Torreblanca a la gubernatura en 2005 no acabó con las agresiones, sino que las empeoró. En este contexto, el asesinato de los activistas sociales Raúl Lucas y Manuel Ponce provocó la exigencia de organismos internacionales para que el Estado mexicano ponga fin a su escalada represiva.

Considerado como “crimen de lesa humanidad y de Estado” por organizaciones civiles mexicanas e internacionales, el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas se sumó a la lista de agravios contra luchadores sociales en Guerrero durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.

La eliminación de los dirigentes indígenas forma parte de “una estrategia de contrainsurgencia y guerra de baja intensidad contra toda organización social que apela a la protesta y a la manifestación pública”, asegura Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

En un punto de acuerdo aprobado por unanimidad el miércoles 11, el Congreso del Estado rechazó la solicitud que hizo el 27 de febrero el gobernador Torreblanca para crear una fiscalía especial. En ese punto de acuerdo se prevé pedir la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los homicidios.

Igualmente, un grupo de diputados y otro de senadores perredistas se manifestaron por que la PGR atraiga el caso, ante la desconfianza de los familiares de las víctimas en las autoridades locales, que se negaron a intervenir cuando se denunció la desaparición forzada de Lucas Lucía y Ponce Rosas el 13 de febrero pasado, en un acto público en Ayutla.

Después de que los cuerpos del presidente y el secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) -Lucas y Ponce, respectivamente- fueron localizados, el Centro Tlachinollan, como representante legal de los familiares, criticó la actuación de la procuraduría estatal. Como respuesta, el titular de la dependencia, Eduardo Murueta Urrutia, declaró que la OFPM armaba “una campañita” en contra del gobierno de Torreblanca Galindo y la acusó de obstaculizar las investigaciones, incluyendo la que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tomó el caso después de la condena internacional, según publicó el periódico El Sur en su edición del jueves 5.

“Esas declaraciones nos dejan en un alto estado de vulnerabilidad y corresponden a la estigmatización en la que se nos ha colocado a los defensores de derechos humanos, al vernos como entes desestabilizadores con la función de dañar la imagen del Estado mexicano”, destaca Barrera Hernández.

Agrega que Lucas Lucía y Ponce Rosas se destacaron por denunciar atropellos de miembros del Ejército Mexicano en Ayutla, y que sus muertes “son la gota que derramó el vaso de la impunidad, de la serie de casos que se han documentado en el plano internacional de violaciones a derechos humanos de luchadores sociales”.

En octubre de 2006, cuando ya presidía la OFPM, Lucas Lucía fue injustificadamente detenido e interrogado en un retén militar, y en 2007 fue emboscado en una brecha y baleado, por lo que estuvo a punto de perder la vida. Todo ello lo denunció formalmente en la CNDH y en la PGR.

Con estos antecedentes, en opinión de Abel Barrera “no hay duda de que su muerte y la de Manuel entran en esta estrategia de guerra de baja intensidad contra los indígenas, cuyo único crimen es vivir en las cañadas, levantar la voz y organizarse independientemente”.

Conmoción

El 13 de febrero pasado, durante la inauguración de una escuela en Ayutla, el director de Seguridad Pública municipal, el militar retirado Luis José Sánchez, recibió una llamada en su teléfono celular y se retiró del acto. Minutos después, tres individuos con corte de pelo de estilo militar entraron al lugar y detuvieron a Raúl Lucas y Manuel Ponce, a quienes subieron con violencia a una camioneta Liberty blanca y se los llevaron.

De inmediato la esposa de Lucas, la regidora perredista Guadalupe Castro Morales, acudió a la agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia por la desaparición forzada, pero no se le aceptó; únicamente se le dio trámite al acta ministerial ALLE /SC …

September 27, 2019

Caso “pelotón de la muerte”: encubren a Calderón y a Galván

Caso “pelotón de la muerte”: encubren a Calderón y a Galván

Jorge Carrasco Araizaga

Militares del llamado “pelotón de la muerte” –presos por los presuntos excesos que cometieron durante el Operativo Chihuahua en el sexenio pasado– insisten en que sólo recibieron las órdenes transmitidas por el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, quien habló en nombre del presidente Felipe Calderón. El abogado del teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez dice que cuando ha pedido la comparecencia de ambos exfuncionarios, las autoridades castrenses y las federales lo bloquean.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende cebarse en algunos de sus efectivos para pagar culpas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército durante la “guerra al narcotráfico” en el sexenio de Felipe Calderón.

Ni la Sedena ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la justicia federal están interesadas en determinar hasta dónde llegan las responsabilidades en la detención, tortura y desaparición de tres presuntos narcotraficantes en Ojinaga, Chihuahua, en 2008, a manos del “pelotón de la muerte” que actuó durante el Operativo Chihuahua ordenado por Felipe Calderón.

La justicia federal se opone a que el expresidente sea citado; la Sedena, a que comparezcan su extitular, el general Guillermo Galván, y otros mandos del Ejército responsables de ese operativo, y la PGR, de la mano de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), ha obstruido la defensa de los inculpados.

Uno de los acusados es el teniente coronel de infantería José Julián Juárez Ramírez, comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), con sede en Ojinaga, en la que operó el “pelotón de la muerte”, bautizado así por la propia justicia militar.

La justicia castrense pretendió involucrarlo en esos delitos de lesa humanidad, pero ante la falta de pruebas le enderezó acusaciones por posesión de mariguana, acopio de armas y robo agravado dentro del mismo caso. Con 29 años de servicio en el Ejército hasta su detención en septiembre de 2009 y egresado de cursos de instrucción militar en Estados Unidos, México y Chile, Juárez Ramírez está bajo proceso penal en la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa.

Su defensa se complicó cuando decidió citar a Calderón, Galván y otros generales de división. Su argumento: que a finales de 2008 fue testigo de una reunión de generales en la que Galván mandó actuar con mano dura contra los narcotraficantes por órdenes de Calderón, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

La instrucción del Alto Mando del Ejército fue “innovar los métodos de trabajo contra los narcotraficantes”. Sin más precisión, el cumplimiento fue a discreción de los jefes militares y comandantes. El resultado, en Chihuahua, fue “el pelotón de la muerte”, al que se le atribuye la tortura, muerte e inhumación clandestina de los restos de los presuntos narcotraficantes Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca; Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano; y Erick Campos Valenzuela, El Campitos (Proceso 1889 y 1914).

Las órdenes, incuestionables

El defensor del teniente coronel, Víctor Alonso Tadeo Solano, asegura en entrevista que, pese a ser imprecisa, la instrucción a los jefes militares fue dar resultados. “Esa fue la orden que transmitió Galván y que atribuyó a Calderón”.

Es la misma razón que da uno de los principales acusados de haber formado parte del “pelotón de la muerte”, el mayor de infantería Alejandro Rodas Cobón. En sus declaraciones ministeriales, además de reclamar inocencia, ha insistido en que las actuaciones del Ejército en Chihuahua en el sexenio pasado fueron conforme a las órdenes salidas de Los Pinos y de la Sedena.

En una audiencia que tuvo lugar el 8 de agosto pasado, Rodas Cobón, segundo comandante de la CINE, declaró: “Todas las órdenes que se recibían deberían ser cumplidas (pues) venían directamente del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Calderón)”.

Añadió: “Cuando se me da una orden y estoy consciente y tengo conocimiento de que es ilegal, no estoy obligado a cumplirla; sin embargo, cuando las órdenes vienen desde el Mando Supremo en ninguno de los casos es cuestionada”.

Para esclarecer ese señalamiento, el litigante solicitó al juez segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Carlos Zamora Tejeda, la comparecencia en calidad de testigo de Felipe Calderón Hinojosa, como Comandante Supremo de

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September 19, 2019

Claudio X. González arrea parejo: desafía a Nuño, a Peña, al gobierno todo…

Álvaro Delgado

Integrante de la casta económica que ha dirigido México las últimas décadas, siempre aliado de la élite gobernante, en un discurso insólito ante sus pares de la Concanaco, Claudio X. González hizo evidente su desprecio hacia el secretario de Educación y “delfín” de Peña Nieto: Aurelio Nuño, y por ende hacia el resto de la administración. Los términos que utilizó el presidente de Mexicanos Primero y los aplausos que recibió de los empresarios hacen pensar que hasta ese sector privilegiado está harto del gobierno.

Claudio X. González arrea parejo: desafía a Nuño, a Peña, al gobierno todo…

“Aquí estoy haciendo confesiones que quizá no debería hacer, pero la causa me lo pide”, razonó Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, en una reunión privada con empresarios, en la que advirtió que la reforma educativa “se diluye” por las ambiciones del secretario de Educación, Aurelio Nuño, al que identifica como “el delfín del presidente” Enrique Peña Nieto.

“Estamos entrando a una etapa de populismo educativo”, expuso ante miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), a quienes alertó sobre “la amenaza de que la política se inmiscuya muy fuertemente en lo educativo por las ambiciones políticas de Aurelio Nuño”.

Y puso ejemplos: se canceló la evaluación de maestros en el primer semestre de este año por las elecciones de junio; no aparecen 28 mil maestros comisionados, sólo 2 mil, y todo indica que en 2018 el PRI se coaligará con Nueva Alianza, partido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Yo les pregunto, queridos amigos –se dirigió a los empresarios–: si el PRI está tirándole a sacar 31, 32, 33% del voto en la elección de 2018, ¿qué importancia va a tener para ellos el partido Nueva Alianza? Igual sin Nueva Alianza no gana. ¿Van a tocar a fondo –como se requiere– el tema educativo, la corrupción del sindicato, los aviadores, los comisionados, el mal gasto?”

Él mismo respondió:

“No va a haber el margen político para verdaderamente entrarle a esto si el PRI necesita tanto a Nueva Alianza. No hay margen. Inviten a Nuño y pregúntenle: ¿Qué vamos a hacer con Nueva Alianza? Y neta, neta, neta, ya, secretario, quítate la corbata, ¿le van a entrar a la corrupción del sindicato, le van a entrar de veras a limpiar la nómina, pero de veras, no anuncitos, ¿de veras? Les va a decir que sí, que claro. Yo no lo veo.”

En la reunión con el consejo directivo de la Concanaco-Servytur, el 25 de enero –y que duró casi hora y media–, González Guajardo afirmó que, por la elección presidencial de 2018, el gobierno no irá contra la corrupción sindical, porque ni siquiera ha dicho cuántos “aviadores” hay.

“Ni ellos ni los gobernadores quieren acabar de contestar, porque todo está enmielado en una corrupción y en un sistema político muy emproblemado. Limpiarlo en el contexto de que la prioridad número uno es ganar el poder en 2018 está complicado.”

Hijo del magnate Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark de México y exmiembro de los consejos de administración de Televisa y Grupo Carso, así como asesor de Carlos Salinas en su sexenio y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, urgió a presionar a Peña para intervenir en Michoacán, Chiapas y Oaxaca.

Y debe ser el gobierno federal, aclaró, porque los mandatarios de Michoacán (el perredista Silvano Aureoles) y de Chiapas (el verde Manuel Velasco) no van a poner orden en sus estados.

“(Aureoles) a mí me dijo en una reunión en la Secretaría de Gobernación que se iba a fajar. Se va a fajar seis meses y luego va a acomodarse. En Chiapas, el joven-propaganda tampoco le va a entrar si no es con el apoyo federal. Van a empezar a hacer fintas, como las está empezando a hacer Aurelio. No necesitamos fintas, necesitamos goles.”

En medio del bullicio que celebró la ocurrencia a costa del secretario de Educación Pública, González Guajardo tomó un bolígrafo: “Esta la voy a anotar…”.

–La del joven-propaganda? –bromeó uno de sus interlocutores.

–Para platicarla con el mismo secretario: no más fintas, Aurelio, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles.

Y aprovechó para ratificar que el gobierno está obligado

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November 8, 2018

San Fernando-Ayotzinapa: las similitudes

Marcela Turati

Después de cuatro años, el capítulo México de la organización estadunidense National Security Archive logró que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidiera a la Procuraduría General de la República desclasificar los documentos sobre la matanza de 72 migrantes centroamericanos ocurrida en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. Los documentos desclasificados revelan, entre otras cosas, un modus operandi similar al del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, contra los normalistas de Ayotzinapa. En uno y otro caso los policías actuaron en colusión con grupos delincuenciales.

San Fernando-Ayotzinapa: las similitudes

El primer documento oficial sobre las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, que la Procuraduría General de la República (PGR) fue forzada a desclasificar, pone de manifiesto la historia repetida en Iguala: policías municipales al servicio de grupos del narcotráfico, en este caso Los Zetas, participaron en las desapariciones de personas cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas.

La nota informativa desclasificada, cuya copia obtuvo Proceso, contiene las declaraciones de nueve presuntos integrantes de ese grupo –los primeros en ser capturados– ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Uno de ellos, Álvaro Alba Terrazas, El Junior, expuso:

Sé que los policías y tránsitos (sic) de San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas, porque en lugar de que cuando detienen a la gente (sic) se la lleven al pentágono, es decir a la cárcel municipal, se los entregan a Los Zetas. El mero bueno es un policía viejito y otro que se llama Óscar Jaramillo, quienes reciben dinero de la organización para colaborar.

Y aunque la PGR reservó la información por 12 años, la organización estadunidense National Security Archive (NSA, Archivo Nacional de Seguridad, basada en la Universidad George Washington), que ha dado seguimiento sistemático a violaciones de derechos humanos en México, se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Tras evaluar el caso, el instituto ordenó a la procuraduría hacer públicos los documentos.

El miércoles 10 la dependencia entregó una tarjeta informativa elaborada en la entonces SIEDO (hoy llamada SEIDO) que carece de fecha. Contiene un resumen de las primeras declaraciones de los detenidos. Algunos fragmentos están tachados, sobre todo los números de averiguaciones previas y las identificaciones de las agencias de los ministerios públicos en las que recayó la investigación de las fosas con 196 cadáveres cuyos hallazgos derivaron en las detenciones.

En uno de los extractos, siete de los detenidos admiten la participación de elementos de la Policía Municipal de San Fernando que iba “desde cubrir labores de halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de Los Zetas, citando además que recibían pago por parte de esa organización criminal”.

Para Jesse Franzblau, investigador del capítulo México del NSA, la liberación de un documento del expediente PGR en San Fernando “sienta un precedente interesante con respecto a la desclasificación de información sobre derechos humanos en México, en particular la aplicación de esa pieza de la ley”.

Al revisarlo, su colega Michael Evans manifestó su paralelismo con el caso de Ayotzinapa: “Si todo esto suena inquietantemente familiar –dice– es porque lo hemos visto todo antes. Asesinatos como éstos son preocupantemente comunes en México, y las fuerzas detrás del caos –generalmente cárteles de la droga contando con la colaboración de, como mínimo, la policía local– han sido notablemente consistentes en el tiempo”.

Imposturas

Michael Evans manifestó su inquietud porque, al referirse al caso de Ayotzinapa, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, alude siempre la palabra “transparencia”, la cual nunca ha sido real en casos similares de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en la última década en México, como las masacres de migrantes –incluidas la de los 72, ocurrida en San Fernando en agosto de 2010, las fosas con 196 cadáveres en ese mismo municipio localizadas en 2011 y la de otros 49 en Cadereyta, Nuevo León, en 2012.

“Citando preocupaciones sobre la seguridad de la investigación en curso, la PGR siempre se ha negado a dar cualquier información a partir de tres masacres horripilantes en 2010, 2011 y 2012, alegando la protección en virtud

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November 7, 2018