GLORIA LETICIA DÍAZ
La historia reciente de Guerrero está cargada de violencia contra sus comunidades indígenas a manos de los sucesivos gobiernos locales y, señaladamente, del Ejército. El arribo del perredista Zeferino Torreblanca a la gubernatura en 2005 no acabó con las agresiones, sino que las empeoró. En este contexto, el asesinato de los activistas sociales Raúl Lucas y Manuel Ponce provocó la exigencia de organismos internacionales para que el Estado mexicano ponga fin a su escalada represiva.
Considerado como “crimen de lesa humanidad y de Estado” por organizaciones civiles mexicanas e internacionales, el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas se sumó a la lista de agravios contra luchadores sociales en Guerrero durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
La eliminación de los dirigentes indígenas forma parte de “una estrategia de contrainsurgencia y guerra de baja intensidad contra toda organización social que apela a la protesta y a la manifestación pública”, asegura Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
En un punto de acuerdo aprobado por unanimidad el miércoles 11, el Congreso del Estado rechazó la solicitud que hizo el 27 de febrero el gobernador Torreblanca para crear una fiscalía especial. En ese punto de acuerdo se prevé pedir la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar los homicidios.
Igualmente, un grupo de diputados y otro de senadores perredistas se manifestaron por que la PGR atraiga el caso, ante la desconfianza de los familiares de las víctimas en las autoridades locales, que se negaron a intervenir cuando se denunció la desaparición forzada de Lucas Lucía y Ponce Rosas el 13 de febrero pasado, en un acto público en Ayutla.
Después de que los cuerpos del presidente y el secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) -Lucas y Ponce, respectivamente- fueron localizados, el Centro Tlachinollan, como representante legal de los familiares, criticó la actuación de la procuraduría estatal. Como respuesta, el titular de la dependencia, Eduardo Murueta Urrutia, declaró que la OFPM armaba “una campañita” en contra del gobierno de Torreblanca Galindo y la acusó de obstaculizar las investigaciones, incluyendo la que lleva a cabo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que tomó el caso después de la condena internacional, según publicó el periódico El Sur en su edición del jueves 5.
“Esas declaraciones nos dejan en un alto estado de vulnerabilidad y corresponden a la estigmatización en la que se nos ha colocado a los defensores de derechos humanos, al vernos como entes desestabilizadores con la función de dañar la imagen del Estado mexicano”, destaca Barrera Hernández.
Agrega que Lucas Lucía y Ponce Rosas se destacaron por denunciar atropellos de miembros del Ejército Mexicano en Ayutla, y que sus muertes “son la gota que derramó el vaso de la impunidad, de la serie de casos que se han documentado en el plano internacional de violaciones a derechos humanos de luchadores sociales”.
En octubre de 2006, cuando ya presidía la OFPM, Lucas Lucía fue injustificadamente detenido e interrogado en un retén militar, y en 2007 fue emboscado en una brecha y baleado, por lo que estuvo a punto de perder la vida. Todo ello lo denunció formalmente en la CNDH y en la PGR.
Con estos antecedentes, en opinión de Abel Barrera “no hay duda de que su muerte y la de Manuel entran en esta estrategia de guerra de baja intensidad contra los indígenas, cuyo único crimen es vivir en las cañadas, levantar la voz y organizarse independientemente”.
Conmoción
El 13 de febrero pasado, durante la inauguración de una escuela en Ayutla, el director de Seguridad Pública municipal, el militar retirado Luis José Sánchez, recibió una llamada en su teléfono celular y se retiró del acto. Minutos después, tres individuos con corte de pelo de estilo militar entraron al lugar y detuvieron a Raúl Lucas y Manuel Ponce, a quienes subieron con violencia a una camioneta Liberty blanca y se los llevaron.
De inmediato la esposa de Lucas, la regidora perredista Guadalupe Castro Morales, acudió a la agencia del Ministerio Público para interponer una denuncia por la desaparición forzada, pero no se le aceptó; únicamente se le dio trámite al acta ministerial ALLE /SC /O3 /AM /015 /2009, sin valor para iniciar una investigación judicial.
Guadalupe Castro declaró que momentos después de la detención ilegal de su marido ella recibió una llamada amenazante desde el número celular de Ponce para que no siguiera denunciando el caso. El 18 de febrero su cuñada, Carmen Lucas Lucía, fue amenazada de forma similar y se le advirtió que su hija sería la próxima víctima.
El 20 de febrero, dos cuerpos envueltos en bolsas de plástico y en estado de putrefacción fueron localizados en un paraje de la carretera Ayutla-Tecoanapa. Al día siguiente se los identificó: eran los restos de Raúl y de Manuel.
De acuerdo con el dictamen forense, los dirigentes fueron asesinados de tres a cinco días antes. Los cuerpos tenían huellas de tortura. Raúl murió por dos disparos de arma de fuego en la cabeza, en tanto que Manuel fue asesinado a golpes en la cabeza y el tórax (El Sur, 23 de febrero).
El crimen conmocionó a la población y cientos de organizaciones de derechos humanos, del país e internacionales, exigieron al gobierno mexicano que se castigue a los culpables. Destaca el pronunciamento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, que visitó Ayutla del 18 al 20 de febrero para documentar la desaparición forzada de ambos dirigentes.
“La oficina expresa su preocupación ante las condiciones de vulnerabilidad en la que las y los defensores de derechos humanos desarrollan su labor de promoción y protección de los derechos humanos, especialmente en la regiones de Costa Chica, Costa Grande y la Montaña del estado de Guerrero”, señala el comunicado del organismo de las Naciones Unidas, fechado el 24 de febrero.
Se sumaron a esta exigencia el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Brigadas Internacionales de Paz, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Grupo de Trabajo sobre América Latina, la Fundación Debido Proceso Legal y Front Line (con sede en Dublín, Irlanda).
La CNDH reaccionó hasta el 26 de febrero, y en el comunicado CGCP/027/09 anunció la atracción del caso y el inicio de una indagatoria. Para entonces, los cuerpos de Raúl y Manuel ya habían sido sepultados.
Represión
A partir de la matanza de 11 mixtecos en la comunidad de El Charco, en junio de 1998, a manos de miembros del Ejército Mexicano, la región indígena de Ayutla está permanentemente militarizada. El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan afirma que ahí se desarrolla una estrategia contrainsurgente disfrazada de acción federal contra la siembra de enervantes.
Los mixtecos acribillados pertenecían a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), creada en 1994. Tras la masacre, surgieron la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que asumieron la defensa de los indígenas ante las agresiones castrenses o gubernamentales.
Ambas agrupaciones pugnaron por que se indemnizara al menos a 30 indígenas tlapanecos (me’phaa) y mixtecos (na’ savi) que con engaños fueron esterilizados en 1998. También denunciaron violaciones sexuales de mujeres indígenas, así como detenciones arbitrarias y abusos cometidos por soldados en esa región guerrerense.
Abel Barrera puntualiza que “alzar la voz contra las injusticias los puso (a los líderes indígenas) en la mira de esos sectores oscuros del Estado, y en automático, sin elementos, convierten a los miembros de las agrupaciones en objeto de monitoreo, hostigamiento y de acciones directas del Ejército contra ellos”.
Entre las agresiones contra integrantes de estas organizaciones, resaltan las violaciones sexuales contra las indígenas me’phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Ortega Fernández, en 2002. Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza sus casos para determinar si los canaliza a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante las graves omisiones en que ha incurrido el Estado mexicano.
Aquí, estos casos fueron remitidos al fuero militar, por lo que los responsables de los delitos permanecen impunes. Por el contrario, las víctimas y sus defensores legales, entre ellos la dirigente de la OPIM Obtilia Eugenio Manuel, sufren acoso y hostigamiento (Proceso 1589 y 1616).
Al menos desde 2002, organismos internacionales como la CIDH, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch le han manifestado al Estado mexicano su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos en el estado de Guerrero.
Sin embargo, los actos intimidatorios no han cesado porque las agrupaciones indígenas son “el eslabón más débil de las organizaciones independientes”, dice Barrera Hernández.
El informe de actividades del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan correspondiente a 2008 es revelador en ese sentido: dice que en 2007 sólo se registró una queja ante la CNDH por abusos militares cometidos en la región de Ayutla, pero entre abril y mayo de 2008 fueron ocho, tres de éstas en comunidades donde está presente la OPIM y el resto donde actúa la OFPM.
Barrera Hernández señala que ésta “ha cargado con el estigma de El Charco, y por la defensa de las víctimas se les ha tratado de vincular con la guerrilla, y sus líderes Raúl y Manuel, se sabe que estaban en las listas negras del Ejército”.
Las denuncias de 2008 llevan la firma de 20 víctimas directas, así como de habitantes de las comunidades de La Fátima, El Camalote, La Cortina y Barranca de Guadalupe. Los abusos de que fueron objeto son allanamientos de morada, tortura, robo, amenazas, retenciones en campamentos militares, interrogatorios ilegales, hostigamiento e intimidación.
En una acción militar coordinada con policías federales y del estado, el 17 de abril de 2008 fueron detenidos varios miembros de la OPIM: Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Hernández. Fueron acusados del homicidio de Alejandro Feliciano García, un informante del Ejército, ocurrido el 1 de enero de ese año.
El 15 de octubre siguiente, cuatro de esos cinco indígenas obtuvieron un amparo definitivo contra el auto de formal prisión, pero el día 30 del mismo mes, un agente del Ministerio Público federal impugnó la liberación de los activistas, a quienes en noviembre del año pasado Amnistía Internacional designó “presos de conciencia”. Finalmente, el pasado jueves 19 fueron liberados los cuatro, y sólo Hernández Abundio permanece preso.
Por el mismo caso se libraron otras 10 órdenes de aprehensión libradas contra integrantes de la OPIM, entre ellos Cuauhtémoc Ramírez, esposo de Obtilia Eugenio Manuel.
Las detenciones tienen un trasfondo represivo: Orlando Manzanares y Manuel Cruz fueron piezas clave en las denuncias de 14 esterilizaciones forzadas en El Camalote, en tanto que Natalio Ortega y Romualdo Santiago Enedina son sobrinos de Inés Fernández Ortega y de Lorenzo Fernández Ortega, un miembro de la OPIM que fue torturado y asesinado el 9 de febrero de 2008 en Ayutla, en un delito que sigue impune.
En el comunicado en que condena los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, la directora adjunta de Amnistía Internacional, Kerrie Howard, considera que la región de Ayutla es “un peligro constante para las personas que defienden los derechos humanos de las comunidades indígenas más marginadas”. Pero no es una excepción en el estado de Guerrero.
El delito de protestar
En el 133 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, del 15 al 31 de octubre de 2008, Tlachinollan rindió un informe sobre 201 acciones penales emprendidas contra líderes sociales durante el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca. Al cierre de ese año la cifra ascendió a 215, y en lo que va de 2009 se emprendió una más.
El centro de derechos humanos detalló que, como consecuencia de actos de protesta en que tomaron parte los activistas, se les imputaron sobre todo delitos como privación ilegal de la libertad, ataques a las vías de comunicación y los medios de transporte, motín, daños a instalaciones públicas, sedición, sabotaje y robo.
Tlachinollan documentó que el Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me’paa-Bátháa fue objeto de cuatro causas penales contra nueve de sus dirigentes y cinco de ellos están encarcelados. Las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca y la radio comunitaria Ñmndaa, La Palabra del Agua, tienen una causa penal contra 11 dirigentes, dos de ellos ya detenidos. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Policía Comunitaria, 16 procesos penales contra 39 miembros, 11 de ellos encarcelados.
Asimismo, la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa tiene una causa penal contra 15 de sus miembros, cinco de ellos encarcelados. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, dos causas penales contra siete miembros, tres de ellos detenidos. Y la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero, tres procesos penales contra tres dirigentes, uno de ellos detenido.
En cuanto a las personas detenidas durante movilizaciones de protesta y luego procesadas, Tlachinollan menciona a 28 estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa; 70 integrantes de la Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo, 42 miembros del Consejo Ciudadano de Chilapa y al director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández.
Por exigirle respeto a sus derechos laborales también fueron detenidos en el estado cuatro extrabajadores del Inegi; en ese caso se liberaron 25 órdenes de aprehensión.
Esta grave situación, apunta Abel Barrera, “hace que exista una legítima preocupación de organismos como la ONU y la OEA por lo que está pasando en Guerrero. (Se trata de) muchos casos que tienen que ver con la militarización y la estrategia contrainsurgente, y de la incapacidad de un Estado de responder a las demandas de justicia”.
